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Echegaray pagó $1 millón para no ir preso pero AFIP pidió su juicio oral

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El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, pagó esta mañana (19/4) la caución real de $ 1 millón ante la Justicia para evitar ir preso en la causa por haber entregado una franquicia diplomática para importar un vehículo de alta gama a una persona que no reunía los requisitos para poder hacerlo.

 

Paralelamente, la AFIP le pidió al juez Ercolini que envíe a juicio oral a Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación.

 

Mañana agitada para el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Primero, pagó por la mañana (este 19/4) la caución real de un $ 1 millón ante la Justicia para evitar ir preso en la causa en la que fue procesado por haber entregado una franquicia diplomática para importar un vehículo de alta gama a una persona que no reunía los requisitos para poder hacerlo. Segundo, la AFIP pidió al juez federal Julián Ercolini que lo envíe a juicio oral junto con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación, a raíz del no pago de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos en la empresa Oil Combustibles.

Sobre el primer tema, Echegaray pagó la caución y entregó la boleta de depósito en el juzgado en lo penal económico de Diego Amarante, quien la semana pasada lo procesó y le había fijado esa suma a pagar dentro del plazo de diez días para evitar ir a la cárcel, informó www.urgente24.com

La acusación contra el extitular de la AFIP es por haberle otorgado el permiso de ingreso de un vehículo a una representación diplomática de Taiwan en la Argentina en 2006, cuando era titular de la Aduana: de acuerdo a la investigación, el vehículo ingresó al territorio argentino sin pagar impuestos por ser destinado a un diplomático, pero luego fue vendido a un particular.

En tanto, también esta mañana (19/4) la AFIP pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por el delito de “defraudación al Estado”. Para el organismo que conduce Leandro Cuccioli el empresario K no evadió el pago de un impuesto (el ITC), sino que cometió una maniobra “defraudatoria millonaria”.

Según Ercolini, los dueños de Indalo generaron “un aporte imprescindible” a la maniobra defraudatoria, “junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente” del dinero que correspondía al Impuesto a los combustibles.

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