El diputado de Derecha Popular, Juan José Esper, se sumó al debate legislativo sobre cárceles privadas y presentó su propio proyecto.
El diputado bonaerense del monobloque Derecha Popular, Juan José Esper, presentó su propio proyecto para habilitar la construcción, mantenimiento y gestión operativa de cárceles privadas en la provincia de Buenos Aires, mediante un esquema mixto de concesión con control estatal al que definió como un modelo de Participación Público-Privada (PPP).
“El Estado deja de ser un ‘constructor’ para pasar a ser un ‘comprador de servicios’, pagando solo por plaza disponible y ocupada, lo que garantiza estándares de mantenimiento que hoy el Estado no puede sostener”, argumentó Esper sobre el esquema que impulsa en la Legislatura bonaerense.
En ese marco, la propuesta del dirigente de la Primera sección establece que las concesiones privadas podrán abarcar el diseño, financiamiento y construcción de infraestructura penitenciaria, además de servicios de hotelería, alimentación, limpieza, salud y asistencia psicológica.
Asimismo, el articulado incorpora programas de capacitación laboral, reinserción y talleres industriales como parte de las tareas que quedarían bajo la órbita de la administración privada.
Bajo este esquema, Esper propuso dividir las funciones penitenciarias en dos estructuras diferenciadas, donde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mantendría el control externo de los establecimientos, además de los traslados de detenidos. En paralelo, el personal civil contratado por las concesionarias quedaría a cargo de la seguridad interior, el tratamiento penitenciario y la administración cotidiana de las unidades.
Sin embargo, el proyecto de Esper fija límites explícitos sobre las funciones que no podrán delegarse. En primer lugar, el texto determina que el SPB conservará la custodia legal de los internos, la potestad disciplinaria máxima y la seguridad exterior de las unidades.
En la misma línea, el expediente también incorpora mecanismos de control externo sobre las cárceles concesionadas. En concreto, la iniciativa crea una Auditoría Externa de Cárceles Privadas que deberá supervisar de manera mensual el estado edilicio de las unidades, la calidad nutricional de los internos y los índices de reincidencia de las personas liberadas de esos establecimientos.
En tanto, el texto también fija estándares mínimos de habitabilidad y obliga a las concesionarias a cumplir tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), por lo que cualquier incumplimiento grave de estándares de bienestar o seguridad habilitará la rescisión inmediata del contrato sin indemnización para la empresa prestataria.
A través de los fundamentos del escrito, el exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) justificó su propuesta en la necesidad urgente de construir nuevas unidades carcelarias frente a los altos niveles de hacinamiento que atraviesan las cárceles bonaerenses.
“Esta sobrepoblación anula cualquier intento de tratamiento penal, convirtiendo a las cárceles en ‘escuelas del delito’ financiadas por el contribuyente. El Estado ha demostrado ser un administrador ineficiente de la infraestructura, destinando recursos a parches edilicios que no solucionan el problema de fondo”, reclamó Esper.
Sobre este punto, el referente de San Miguel sostuvo que la construcción de penales mediante obra pública tradicional demanda “entre 5 y 8 años” por trabas burocráticas y problemas de financiamiento, mientras que el esquema PPP trasladaría al sector privado el riesgo financiero y operativo de las nuevas unidades penitenciarias.
Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a la reincidencia delictiva, ya que, de acuerdo con el diagnóstico expuesto en el expediente, el servicio penitenciario mantiene índices cercanos al 45%, situación que el diputado libertario vinculó con la falta de infraestructura adecuada y de programas de inserción laboral dentro de las cárceles.
Ante este panorama, la propuesta parlamentaria incorpora un capítulo específico sobre reinserción social y obliga a las empresas concesionarias a acreditar convenios con firmas externas para garantizar oportunidades laborales a los internos una vez cumplida su condena. (diputadosbsas)
