El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires consideró que la participación de productores agropecuarios puede ser una herramienta para fortalecer la infraestructura vial, aunque advirtió que las obras deben ejecutarse con planificación técnica y respetando la normativa vigente.
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires manifestó su respaldo a la participación de productores agropecuarios en el financiamiento y ejecución de obras de mantenimiento de caminos rurales, aunque remarcó que todas las intervenciones deben realizarse con planificación técnica, dirección profesional y cumplimiento de la legislación vigente.
El posicionamiento de la entidad se conoció luego de que la Sociedad Rural de 9 de Julio presentara un proyecto para administrar y mantener la red vial rural de ese distrito mediante una comisión integrada por productores y un gerente técnico seleccionado por concurso.
La propuesta prevé destinar el 85% de lo recaudado por la tasa vial municipal y la totalidad de los fondos provinciales asignados al distrito para ejecutar obras de infraestructura rural.
“Es una oportunidad interesante”
El presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge O. Castellano, afirmó que la participación del sector privado puede representar una alternativa para mejorar la inversión en los caminos rurales.
“Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinal colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe llevarse adelante con planificación y respetando los procedimientos que establecen la normativa técnica y la legislación vigente”, sostuvo.
No obstante, aclaró que cualquier obra debe ser proyectada y dirigida por profesionales matriculados y contar con las autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
Advierten sobre la necesidad de planificación
Desde el Colegio señalaron que modificar cunetas, pendientes o el escurrimiento natural del agua sin los estudios adecuados puede afectar campos vecinos, alterar las cuencas hídricas y generar perjuicios ambientales y estructurales.
Además, recordaron que la Ordenanza General 165/73 obliga a realizar estudios previos, elaborar proyectos técnicos y contar con dirección profesional habilitada, independientemente de quién financie las obras.
En ese sentido, remarcaron que los municipios continúan siendo la autoridad de aplicación y responsables de controlar que las intervenciones se ajusten a la normativa.
Castellano también cuestionó la práctica de limitar el mantenimiento de los caminos rurales al simple paso de una motoniveladora.
“Si se sigue creyendo que mantener un camino de tierra consiste únicamente en emparejar la superficie, se seguirán malgastando recursos en soluciones temporarias que incluso pueden agravar los problemas hidráulicos y afectar aún más la transitabilidad”, concluyó.
El respaldo del Colegio de Ingenieros se suma al debate abierto en la provincia sobre nuevas formas de mejorar la infraestructura vial rural, en un contexto de crecientes reclamos por el estado de los caminos y la necesidad de garantizar su mantenimiento.
