Sebastián Sancho es juez Regional de Faltas de General Acha, en La Pampa, desde 2006. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal pidió que sea condenado a la pena de diez años de prisión al considerar que tuvo un “aporte esencial” para que funcionara el prostíbulo Delfín, donde una organización criminal explotaba mujeres en situación de vulnerabilidad.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La solicitud fue presentada ayer durante los alegatos por el fiscal general interino de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de La Pampa.
Mañana, los jueces Marcos Aguerrido, José Tripputi y Pablo Díaz Lacava darán a conocer la sentencia. Además de Sancho hay otros dos acusados: Marta Silva y su hijo, Carlos Silva. Estos dos últimos llegaron a juicio para responder por los delitos de de corrupción agravada por el empleo de amenazas en concurso ideal con trata de personas en modalidad de traslado, recepción y acogimiento mediando abuso de una situación de vulnerabilidad con la finalidad de explotación sexual mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de dicha actividad y sostenimiento de una casa de tolerancia. Gómez Barbella solicitó para la mujer una pena de 12 años de cárcel y 11 para el hombre.
Los hechos ventilados en el juicio habrían ocurrido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 5 de julio de 2012.
Según publicó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación (www.fiscales.gob.ar), Marta Silva fue acusada de haber recibido al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas en su local nocturno. Su hijo habría participado, junto con otro hombre, en el traslado y recepción con fines de explotación sexual de una joven oriunda de Misiones, mediante engaño.
En su alegato, el fiscal Gómez Barbella solicitó que el inmueble donde funcionaba el prostíbulo Delfín sea decomisado y entregado para actividades sociales en la lucha contra la trata de personas. Y respecto del juez Regional , pidió sea comunicada su situación a las autoridades municipales de General Acha y al Consejo de la Magistratura de La Pampa, publicó www.lancion.com.ar
“En el caso del juez Regional de Faltas Sancho, la Fiscalía General pidió que sea condenado por su participación necesaria en los hechos a la pena de diez años ya que sin su esencial aporte, el local Delfín no pudiera haber continuado con la conducta delictiva”, explicaron fuentes judiciales.
En la elevación a juicio, Sancho había sido acusado del delito de violación de los deberes de funcionario público ya “que en su carácter de juez Municipal de Faltas, con competencia en la localidad de General Acha, “en tiempo record” y “sin el menor recaudo legal” levantó la clausura en el prostíbulo Delfín que había dispuesto la Justicia Federal. Pero para el fiscal Gómez Barbella su participación fue necesaria en un delito más grave.
“Sin el levantamiento de la clausura firmado por Sancho no se podría haber continuado con el delito”, explicaron las fuentes consultadas.
En la instrucción de la causa, se sostuvo que Sancho “violó abiertamente sus deberes de funcionario público, contrariando, sin justificación alguna que amerite su proceder”.
“El imputado actuó dentro de su esfera de autoridad, ahora bien esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que levantó una clausura en tiempo récord -en menos de 24horas-, sin el mínimo recaudo legal y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos, termina por dar cuenta, a esta altura procesal, que la acción cometida por el imputado se llevó a cabo a sabiendas de la contrariedad del acto”, se sostuvo en la elevación a juicio según publicó www.fiscales.gob.ar.
El prostíbulo El Delfín estaba situado en el kilómetro 27,5 de la ruta provincial 152. En la investigación judicial se pudo establecer que en el lugar trabajaban mujeres como “coperas” que en ese lugar se llevarían a cabo los denominados “pases” con “clientes” del bar a cambio de un precio que pactaban con Silva, quien les retenía el 30 por ciento.
Según publicó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, las víctimas relataron que todas vivían con la dueña del local en su casa, que ella les alquilaba una habitación y que todos los gastos debían pagarlos ellas a partir de lo que ganaban en el local. “También afirmaron que no tenían días francos ni contaban con permiso para salir del lugar cuando no se encontraban trabajando, por lo cual se sentían controladas. Por otra parte, también señalaron que debían devolver los gastos del traslado hacia el lugar, que habían sido solventados por Silva”, se agregó en www.fiscales.gob.ar.
El primer operativo en Delfín se hizo el 11 de noviembre de 2011. Ese día había dos mujeres, una nacida en la Argentina y la otra, una ciudadana paraguaya. Pero después se descubrió que había otras cuatro jóvenes oriundas de Misiones. El local quedó clausurado por pedido de la fiscal interviniente, Marta Odasso. Pero la medida fue levantada por Sancho al entender que no se había “cometido falta alguna”.
Siete meses después, en junio de 2012, una de las mujeres explotadas fue golpeada por un cliente. La víctima hizo la denuncia que derivó en un nuevo allanamiento en el prostíbulo y en la casa de Silva.
En los allanamientos se logró secuestrar el “libro de pases”, libretas sanitarias y, en el interior de un copón, talonarios con nombre de mujeres. Ese día, 16 de junio de 2012, se le tomó declaración a dos víctimas.
