“La más excelente de todas las virtudes es la justicia” Aristóteles
El constante accionar de muchos magistrados de diversos fueros que olvidando la augusta función que el Estado les confiere, producen fallos aberrantes y que violan garantías constitucionales, no hace sino revelar la nefasta influencia del abolicionismo -mal llamado garantismo- y que bajo el manto de cuestiones de género o similares se aparta de los principios republicanos de la división de poderes e independencia del Poder Judicial produciendo estragos irreparables en la sociedad, tal como ocurriera recientemente en Comodoro Rivadavia con la trágica tortura y muerte de un niño de 4 años en manos de su madre y su concubino merced a un fallo apoyado igualmente en un falaz informe ambiental y que llevara al juez interviniente a separar al niño de la guarda de su padre para entregarlo a sus asesinos. Lamentablemente, se trata de un proceso que encuentra a sus mentores enrolados en las filas del abolicionismo desde hace ya varios años y que han dejado su impronta en las aulas universitarias que prodigaron fervientes discípulos.
La magistratura nacional supo contar entre sus miembros con dos jueces prostibularios: uno, Norberto Oyarbide quien fue filmado en el prostíbulo “Spartacus” compartiendo cuarto con fornido gladiador y cuyas imágenes se difundieron en los medios; el otro Eugenio Zaffaroni, propietario de seis departamentos en todos los cuales se ejercía la prostitución. En el primer caso, el problema no radicaba en sus preferencias sexuales sino en el hecho que, dada su investidura, tenía la obligación legal de denunciar la existencia de un establecimiento prohibido por la ley. Y si bien -junto con otras causales- se le inició un juicio político, el mismo fue hábilmente abortado en el Congreso el mismo día en que el mundo se estremecía con el atentado a las Torres Gemelas en los EE.UU. En el restante, Zaffaroni dijo ignorar quiénes eran sus inquilinos y a qué dedicaban su tiempo, argumento por demás falaz y que fuera desmentido por Ricardo Montiveros, su íntimo amigo y administrador de sus bienes con quien compartía vivienda, quien admitió la infracción a la ley de profilaxis y abonó la multa máxima fijada por la legislación vigente, logrando el cierre de la causa.
Pero Zaffaroni no solo supo alquilar propiedades en las que se ejercía la prostitución, sino que igualmente tuvo como socio e íntimo amigo a un personaje del hampa llamado Jacobo Isaac Grossman quien junto a Alberto González; Eduardo Zurko; Julio César Barbosa y Cristina Bejar, integraron una banda autora de numerosos secuestros y otros delitos por los que fueran condenados a 20 años de prisión. Sin embargo y gracias a los buenos oficios de su amigo Zaffaroni, Grossman zafó de la cárcel ya que el 15 de febrero de 1991 fue incluido en el decreto 263 mediante el cual el presidente Menem indultó a otras 19 personas condenadas por su participación en hechos de guerrilla, no obstante que Grossman revestía el carácter de delincuente común, quien ya recibido de abogado se asoció al estudio de Zaffaroni y en un hecho sin precedentes, se presentó junto a éste como asesor en la sesión pública del Senado en la que se trataba su pliego para ocupar un sitial en la Corte, lo cual originó que el senador Gómez Diez sostuviera que era “un verdadero desafío al Senado presentarse con un ex convicto como asesor.
Zaffaroni fue también un artífice del abolicionismo en materia penal, doctrina que propugna intercambiar los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida. Sin embargo, el argumento esgrimido de asociar pobreza con delincuencia, es falaz y ha sido sobradamente desmentido por la sociología mediante la “teoría de las ventanas rotas”, al demostrarse que el delito crece, no asociado a la pobreza, sino en aquellos lugares donde se advierten síntomas de deterioro y de abandono así como la ausencia de autoridades que hagan respetar las leyes, proceso que comienza en forma gradual a través de transgresiones menores hasta llegar a la comisión de graves delitos. Y así todos recordamos, entre varios de sus escandalosos fallos, el caso de Julio Tiraboschi, portero de un edificio donde abusó de una menor de 8 años y por lo cual fuera condenado a la pena de 7 años de prisión. Pero Zaffaroni, integrando un tribunal de alzada rebajó la pena de tal forma que el abusador no fue a la cárcel, alegando que Tiraboschi “es un hombre joven y padre de familia que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral” y que por ende “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”. Sin palabras.
Finalmente, este ex juez prostibulario y socio de hampones, que supo denigrar el cargo que debió honrar, irradió el abolicionismo en la cátedra y en la magistratura, a través de infinidad de jueces y fiscales cuya única misión fue dejar libres a delincuentes que poco después volverían a reincidir cometiendo delitos aún más graves. Entre ellos no puede olvidarse a los entonces fiscales Alejandro Alagia y Javier De Luca, al debatirse el proyecto del nuevo Código Penal cuando sostuvieron que el anterior texto tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; que los delitos “son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”; “que el castigo es una solución irracional, una trampa” y que; “ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”; criticando que para combatir la inseguridad se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.
La misma postura han sostenido otros exponentes del abolicionismo como los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues quienes redujeron a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre -hecho no acreditado- esta segunda violación le restaba gravedad a la causa. Y ni qué decir de los jueces Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos. El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma. En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito. Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”. Precisamente, asumir la defensa del juez López representó para Zaffaroni ser suspendido en la matrícula de abogado, ya que el art. 3, inc. 9° de la ley 23.187 que regula el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la Capital dispone que quien cese en sus funciones judiciales no podrá ejercer la profesión sino hasta pasados dos años de dicho cese. En el caso de Zaffaroni, a los tres meses de haber abandonado la Corte, asumió la defensa de su colega violando abiertamente una ley que como ex juez del Alto Tribunal no podía ignorar.
Pero ese es Zaffaroni, trasgresor nato en todo sentido quien al dejar su sitial en la Corte fue premiado por el kirchnerismo al que supo defender con pasión, con un sillón en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde ese sitial, supo acompañar a los socios del “Club del helicóptero” -Fernando Iglesias dixit- cuando se orquestó la campaña destituyente del presidente Mauricio Macri, recordando -entre otros- al “servicial” Esteche quien dijo que “es un gobierno que va a caer y que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo.
Vamos a hacer lo posible para no dejarlos gobernar”. Su compañero de ruta, Luis D’Elía también se pronunció al respecto y refiriéndose al presidente Macri dijo que “hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que renuncie, que se vaya”. Aportando lo suyo, la irascible Bonafini afirmó que esperaba “que se caiga a pedazos el Gobierno, no que se vaya, lo quiero ver caído”. Y Luisito Barrionuevo, escondedor de urnas y confeso autor de la frase “hay que dejar de robar por dos años”, amenazó a quienes pretenden “perseguir” a los sindicalistas hoy presos por corruptos y ladrones, que quienes así lo hicieron como Alfonsín y De la Rúa, “terminaron mal”. Todos unos auténticos demócratas.
Precisamente, Zaffaroni se unió a esta campaña sosteniendo que la caída del gobierno de Macri “No va a depender de nada político, ni de lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño”. Como si no bastara, convocó a “resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde” ya que “Todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a Cavallo. Esto también pasa”
Que el grupete de integrantes del “Club del helicóptero” en aquel momento opinara como lo hizo simplemente revelaba su resistencia a reconocer que el gobierno que integraron y apoyaron y que fue sin dudas el más corrupto de la historia nacional, perdió las elecciones y que gran cantidad de sus miembros se encontraran procesados y algunos de ellos en prisión. Pero distinta era la situación de Zaffaroni, quien como ex integrante del máximo tribunal nacional y miembro de la CIDH, no podía atentar contra el sistema republicano, pretendiendo la salida anticipada de un gobierno electo democráticamente, dada su presunta formación jurídica y los cargos de relevancia que ocupó, revelando una vez más la catadura moral y ética de este personaje, quien entre sus famosas frases antes de ser electo juez de la Corte y en una entrevista con la revista Rolling Stone, confesó que era “horrible” mandar gente a la cárcel pero alegando que “la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre”.
Pero el colmo del cinismo tuvo lugar en una entrevista en la que Zaffaroni se refirió a la denuncia del entonces fiscal Nisman sosteniendo que la misma “era un mamarracho” ya que “cualquiera que trabaje en el Poder Judicial sabe que ese escrito es descabellado, eso lo hizo alguien que no tiene experiencia que nunca trabajó en un juzgado, que no trabajó seriamente”. Y para rematarla a continuación agregó que “si Alberto Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco”; y frente a las críticas por tales dichos, fue todavía más allá y e ironizó: “No vaya a ser que Marijuan ahora quiera procesarme por el delito de intentar ahorcar a un muerto “, finalizando: “Es un muerto, no lo voy a ahorcar, es absurdo”. Ya en el llano, Ya desde el llano, Zaffaroni atacó a sus ex colegas de la Corte al decir que “tienen miedo, el miedo del que no es penalista…No es que sean reaccionarios o fascistas. Temen el escándalo periodístico, este terrorismo mediático que sufrimos”. Y no conforme con el exabrupto de calificar de miedosos a sus ex colegas, bien a lo guapo de medios, afirmó que “En América latina, en este genocidio por goteo que estamos viviendo, el equivalente de los judíos de la Shoá son los pibes de nuestros barrios precarios, que están muriendo por miles” lo cual mereció el inmediato y justificado rechazo de las organizaciones judías.
En estos días, la Cámara de Senadores debe prestar el acuerdo a una larga nómina de jueces y fiscales de diversos fueros e instancias que remitirá el Poder Ejecutivo. Cabe esperar que el análisis de sus antecedentes previo a conferir el acuerdo sea lo más exhaustivo posible y permita descartar -si los hubiere- a todos aquellos que provengan del abolicionismo zafaroniano.
