Los legisladores bonaerenses de Fuerza Patria presentaron un proyecto para regular la instalación y el uso de cámaras de seguridad en ámbitos laborales dentro de la Provincia, en un intento de proteger la dignidad y la privacidad de los trabajadores como así también limitar el uso de estos dispositivos exclusivamente a fines de seguridad y prevención de riesgos.
En primer lugar, el texto parlamentario define a las cámaras de seguridad como dispositivos destinados a la captura de imágenes con fines preventivos, mientras que delimita el ámbito laboral como cualquier espacio en el que exista una relación de dependencia. Sobre esta base, los impulsores de la propuesta establecieron una serie de principios rectores que orientan la utilización de los recursos de videovigilancia dentro de los establecimientos de trabajo.
El proyecto establece criterios de privacidad, transparencia, proporcionalidad, legalidad, finalidad específica, seguridad de los datos y no discriminación como ejes centrales de la regulación. Además, los legisladores de la bancada peronista plantearon que la eventual implementación de la norma alcance tanto al sector público como al privado, además de incluir espacios físicos y modalidades de teletrabajo.
En ese marco, los senadores del oficialismo propusieron que el uso de cámaras de seguridad tenga como único objetivo la protección de personas y bienes, además de la prevención de riesgos laborales. A su vez, el articulado prohíbe de manera expresa cualquier utilización vinculada al control del desempeño, la productividad o la evaluación de los trabajadores.
“La videovigilancia se ha expandido en la sociedad y, particularmente, en el ámbito laboral, generando una tensión entre la seguridad de los bienes y las personas, y el derecho a la dignidad e intimidad de los trabajadores”, reclamaron los autores del proyecto.
Respecto al alcance de la medida, los representantes de Fuerza Patria incluyeron obligaciones concretas para los empleadores en materia de información. En ese sentido, la iniciativa exige que los trabajadores reciban una notificación previa, clara y detallada sobre la existencia de cámaras, su ubicación, la finalidad del registro y el tiempo de conservación de las imágenes.
Asimismo, el documento establece límites sobre la orientación de los dispositivos, al indicar que las cámaras deberán registrar paneos generales y prohíbe dirigirlas hacia puestos específicos o trabajadores determinados, así como hacia zonas de descanso, accesos a sanitarios o vestuarios.
En paralelo, los legisladores incorporaron un capítulo específico sobre la protección de datos personales, en línea con la Ley Nacional N°25.326. Sobre este punto, el expediente fija un plazo máximo de conservación de las imágenes de 30 días, prohíbe su difusión sin orden judicial y establece que los dispositivos no podrán captar sonido en ningún caso.
En la misma línea, la propuesta también incluye una serie de restricciones vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de videovigilancia, como sistemas de identificación biométrica, reconocimiento facial o cualquier mecanismo que permita evaluar el rendimiento laboral a partir de imágenes.
“La implementación de estas herramientas no puede derivar en prácticas de vigilancia que vulneren derechos fundamentales ni habilitar mecanismos de control encubierto sobre las y los trabajadores”, sostuvieron desde la bancada oficialista.
Finalmente, los integrantes de Fuerza Patria dispusieron que el Ministerio de Trabajo bonaerense sea la autoridad de aplicación de la futura ley, con la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa y elaborar protocolos específicos para garantizar un uso adecuado de los sistemas. Además, las entidades sindicales podrán participar en las auditorías periódicas que realice la cartera provincial, mientras que los resultados deberán ponerse a disposición de los trabajadores. (diputadosbsas)
