Casación consideró que no hubo asociación ilícita y ordenó al Tribunal local dictar una nueva pena contra los 5 miembros de la filial local del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina.
En las últimas horas, la Sala 1 de Casación Provincial revocó el fallo condenatorio dictado el año pasado por la justicia bahiense, al considerar que no se conformó una “asociación ilícita” para obligar a transportistas a contratar sus servicios.
La resolución fue dictada con los votos de los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral.
El pasado 17 de diciembre de 2021, el Tribunal en lo Criminal N° 3, a cargo de la jueza Daniela Fabiana Castaño, aplicó penas de de entre 3 y 6 años y medio para 5 acusados de la “Banda de los Fleteros”, acusados de formar una asociación ilícita.
Se trata de Mariano Llafar, considerado jefe de la organización, quien había recibido la pena de 6 años y medio de prisión, por los delitos de “coacción y daño”.
El resto de los condenados fueron: Mario Aguiar (5 años y medio), Carlos Ciucci y Pablo Halberg (4 años y 6 meses) y Salvador Quel (3 años de prisión en suspenso).
Los hechos
Aprietes, roturas, y uso de clavos miguelito para evitar el avance de los camiones con cereal. Son algunas de las acciones ilícitas que una fiscalía de Bahía Blanca le adjudica a cinco integrantes de la seccional local del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina.
Desde dos puestos montados en cercanías del puerto de Ingeniero White, desarrollaron las maniobras entre noviembre de 2018 y junio de 2020, según estiman en la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 18, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero. Dos meses después del último hecho, los cinco fueron detenidos en varios allanamientos simultáneos.
A través de escuchas telefónicas, los investigadores pudieron avanzar sobre el accionar de los fleteros, que operaban bajo la bandera del gremio. Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci y Pablo Andrés Halberg llegan presos al juicio que se inició este lunes ante el Tribunal Oral Criminal 3.
Florentino Salvador Quel es el único que logró la excarcelación y será juzgado en libertad. Asociación ilícita agravada por el ánimo de lucro, coacción, daño y daño agravado es la imputación general que realiza el fiscal Del Cero, matizada por el diferente rol que cumplía cada uno en la banda, a la que le adjudican, al menos, una docena de hechos.
De la investigación participó la división Casos Especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, junto a otros organismos de la bonaerense como la DDI, Drogas Ilícitas y el Grupo de Apoyo Departamental. En los allanamientos, les secuestraron más de 3 millones de pesos, varios vehículos y teléfonos celulares.
El fiscal Del Cero los describió como “un grupo organizado y coordinado de personas quienes, a través de amenazas, coacciones y daños, procuraron doblegar la voluntad de empresarios relacionados al transporte y producción de productos agrícolas e insumos, con el propósito de obligarlos a contratar los servicios prestados por los imputados”.
Los fleteros se presentaban como choferes o propietarios de empresas de transporte. Según la acusación de la fiscalía, no solo buscaban beneficiarse ellos con los aprietes, sino también “otros transportistas vinculados a ellos y agrupados bajo la bandera del Sindicato Único de Fleteros, seccional Bahía Blanca”.
En algunas conversaciones interceptadas entre los miembros de la asociación ilícita, se escucha cómo organizaban el seguimiento a camiones que partían, en la mayoría de los casos, desde la empresa Sea White, que actúa en el puerto bahiense. Los fleteros tenían montado uno de sus puntos de acción a la salida de esa firma en el barrio Loma Paraguaya y otro en el kilómetro 673 de la ruta nacional 3, en proximidades de la empresa Bunge.
“Hoy no cargás”, “aténganse a las consecuencias que van a ser otras” y “les vamos a prender fuego los camiones” son algunas de las frases que sobresalen de las escuchas. Tras los allanamientos y las detenciones, diversas entidades vinculadas al campo de la región elogiaron el accionar de la justicia y repararon en el daño que se estaba produciendo al sector del transporte legal.
De acuerdo a la acusación del fiscal con la que se abrió el debate, los imputados se valieron de distintas modalidades delictivas para quedarse con los envíos. “Coacciones perpetradas contra los propios tomadores de carga, y/o contra sus dependientes (choferes de camiones) o daños materializados a los camiones que concurrían a retirar mercadería desde las terminales locales” detalló Del Cero.
La colocación de clavos de tipo miguelito en las rutas era una de las más comunes. Explicó que ese accionar tenía un doble propósito. “En represalia por no acatar los requerimientos de los miembros de la organización y por el otro como estrategia para generar inquietud y temor hacia los restantes camioneros, las empresas renuentes o rebeldes a sus exigencias ilegales e incluso, otras empresas” precisó la fiscalía.
Del Cero destacó que impulsaban “una suerte de acción ejemplificadora para quienes no obedecían o tenían pensado no acatar las exigencias ilegales o rebelarse”. Para los investigadores, Llafar y Aguiar actuarían como los jefes y organizadores del grupo que recibió un respaldo público de Pablo Moyano, horas antes del inicio del juicio.
