La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) solicitó formalmente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una autorización para aplicar un ajuste adicional y retroactivo del 30% en los aranceles de los establecimientos educativos con aporte estatal.
Según la entidad, la medida busca compensar el severo desfasaje financiero generado por los incrementos salariales otorgados al sector docente durante el primer semestre, los cuales no llegaron a trasladarse oportunamente a las cuotas mensuales.
El reclamo surge a pesar de que el Ejecutivo bonaerense ya habilitó un esquema de actualización tarifaria del 5,5% para agosto y del 2,5% para septiembre. Sin embargo, desde la cámara empresaria argumentan que dichos porcentajes resultan exiguos para paliar el atraso acumulado desde el inicio del ciclo lectivo.
El origen del desfasaje y la propuesta de prorrateo
El núcleo del conflicto se remonta a los primeros meses del año. El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el descalce se produjo cuando la Provincia cerró la paritaria docente en enero con carácter retroactivo a diciembre y sobre el medio aguinaldo, sin que los colegios contaran con la facultad de recuperar esos costos en las cuotas de diciembre, enero, febrero y marzo.
Para no impactar de forma abrupta en las economías familiares con un único desembolso, la entidad planteó diluir el monto adeudado en el último tramo del año escolar. La alternativa formalizada ante las autoridades bonaerenses contempla prorratear el 30% pendiente en tres tramos iguales del 10% mensual durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Morosidad y costos operativos: las otras variables en jaque
Desde la institución remarcan que el esquema arancelario vigente impide equiparar el ritmo de la inflación con los costos operativos de los inmuebles y las paritarias de los personal docente y no docente.
A este panorama se suman otros factores críticos que erosionan las arcas de las instituciones de gestión privada, entre los que AIEPA destacó el aumento en los niveles de morosidad en el pago de las mensualidades, la contracción de la matrícula asociada a la baja en la natalidad y el sostenido incremento en las tareas de mantenimiento edilicio.
