El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante: sostiene que la reciente detención de la consejera escolar libertaria Fiorella Damiani marca un punto de inflexión en el tratamiento judicial de las denuncias falsas.
Acusada de falso testimonio agravado en causa criminal, Damiani enfrenta una imputación que puede costarle hasta 10 años de prisión, luego de que la Justicia determinara que mintió al denunciar una violación en 2017.
Según relató el fiscal en una entrevista en CAFEXMEDIO, Damiani denunció haber sido drogada y violada por dos hombres, asegurando incluso que uno de ellos la había filmado durante el abuso. Ella misma tomó ese celular —sosteniendo que era de los supuestos agresores— para pedir ayuda. Sin embargo, Del Cero aseguró que las imágenes aportadas por los denunciados, y tomadas como prueba de descargo, parecen mostrar una realidad muy distinta.
Del Cero fue claro sobre la gravedad del hecho: “Este es un delito grave que se comete no en perjuicio de una persona, sino del sistema de administración de justicia”. Subrayó que si no hubiesen aparecido los videos, los hombres podrían haber sido condenados a 15 años de prisión.
Uno de los puntos más preocupantes que remarcó el fiscal es cómo muchas veces la credibilidad de una víctima se acepta sin elementos objetivos. “El margen de error se eleva mucho cuando la acusación se construye solo sobre el aspecto subjetivo”, afirmó. En este caso, el relato de Damiani no pudo ser verificado con marcas físicas ni con evidencia forense, pero sí generó la detención de los acusados.
El fiscal también cuestionó la falta de consecuencias penales en casos similares: “Si no le prestamos la debida atención a los falsos testimonios, corremos serios peligros: sobornos, retractaciones interesadas, manipulación del sistema”. Ejemplificó con otros casos en los que los falsos testigos nunca fueron sancionados, generando un precedente peligroso.
Damiani, actualmente detenida, será sometida a juicio si se mantiene el pedido de prisión preventiva. Del Cero sostiene esa postura, en parte, porque la acusada no pudo ser localizada en su domicilio para notificaciones judiciales, lo que incrementa los riesgos procesales.
La entrevista cerró con una reflexión del fiscal que resume la dimensión del caso:
“Si los testigos tuvieran derecho a mentir como los imputados, no podría haber ninguna causa judicial segura”.
