Lectura de Domingo:

“Argentina: solo una democracia delegativa” por Carlos Baeza

16.01.2022

“Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal” (Joan Manuel Serrat)

Lectura de Domingo: “Argentina: solo una democracia delegativa” por Carlos Baeza

“Me da especial placer dirigirme a Vos como la cabeza de ese gran departamento, que debe ser considerado la llave de nuestro edificio político”. Con estas palabras el presidente norteamericano George Washington ponía en posesión de su cargo a John Jay, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país. En tanto en estos lares, en la Argentina de la anomia, tanto el presidente como la vicepresidente, secundados por el aquelarre de funcionarios “que no funcionan” pero que conforman una caterva de expertos en nada siempre dispuestos a seguir las consignas que les dictan desde el atril de la diatriba oficial, se esmeran con empeño digno de mejor causa en desprestigiar al Poder Judicial. Ello no es nuevo en el mundo kirchnerista ya que uno de sus dos objetivos desde que llegaron al poder -además de los medios- ha sido el Poder Judicial al que menosprecian y denigran olvidando que es uno de los tres poderes del Estado.

1° Decía Lord Acton que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente” lo cual no hace sino reflejar uno de los postulados esenciales del constitucionalismo cual es el de asegurar la división de funciones en cabeza de distintos titulares, evitando el monopolio de una persona o grupo de personas con la consecuente discrecionalidad que ello importa, a la vez que regulando mecanismos de recíproco contralor entre unos y otros. Es que como lo sostenía Montesquieu, “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad…No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo” ya que “si no está separado del poder legislativo, se podrá disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares” Sin embargo, la vicepresidente viene sosteniendo que no cree en la división de poderes ya que se trata de un sistema anacrónico, y demostrando su formación como exitosa abogada sostuvo que “De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un Poder es perpetuo. Solo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. El estudiante más mediocre de Derecho tiene la respuesta a estas inquietudes de quien como abogada funge como vicepresidente.

2° Afirma Constant que “Un pueblo en el cual el poder judicial no es independiente; un pueblo en el que una autoridad cualquiera puede influir sobre los juicios, dirigir o forzar la opinión de los jueces, emplear contra el inocente, a quien quiere perder las apariencias de la justicia, y ocultarse detrás de las leyes para herir con su espada las víctimas que quiere sacrificar…se halla en la situación más desgraciada”; y por ello la independencia del Poder Judicial no se puede asegurar sino a través de la inamovilidad de los jueces. Es que como explica Hamilton, de los tres poderes, el Judicial “será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos, en menor grado que los otros poderes. El Ejecutivo no sólo dispensa los honores sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución activa”. Claro está que el kirchnerismo no participa de estas ideas y las muestras son harto conocidas. “No creo en el Poder Judicial de la República Argentina, por lo menos en los que en Comodoro Py evalúan este tipo de conductas…El Poder Judicial siempre actuó en contra de nuestro gobierno”(la exitosa abogada CFK); “Es hora que los miembros de la Corte presenten su renuncia para iniciar una etapa de transparencia o se los someta a juicio político. Y si no, se aumente el número de miembros para, al menos, oxigenar uno de los Poderes del Estado que se ha transformado en una oscura máquina de impunidad y de impedir” (el fiel mayordomo Parrilli); “Tenemos que cambiar el Poder Judicial, ponerlo en comisión, porque no funciona” (el ex presidente de facto Duhalde); hay que eliminar el Poder Judicial y reemplazarlo por “un sistema de justicia o un servicio de justicia (Giardinelli, un pensador de fuste); se debe “designar en la Corte militantes nuestros para que puedan defender los proyectos que mandemos” (el defensor del Estado de Derecho Durañona).

3° Con estos antecedentes, no es de extrañar la embestida final de estos días contra la Corte Suprema de Justicia a través de una marcha popular organizada por el kirchnerismo y sectores marginales pero apoyada por el gobierno, lo cual reviste una inusitada muestra de desprecio a la forma republicana, uno de cuyos pilares es precisamente la división de poderes y la independencia -por tanto- del Poder Judicial. ¿Qué pasaría si la Corte como cabeza del Poder Judicial se manifestara contra el Poder Ejecutivo proponiendo que debería modificarse su funcionamiento y atribuciones? ¿O si lo mismo hiciera contra el Poder Legislativo acusándolo de no cumplir acabadamente su rol por ser una mera escribanía del Ejecutivo? Pues esto es lo que ha hecho el gobierno a través de distintos actores. Así, el presidente Fernández sostuvo que la Corte tiene “un problema de funcionamiento muy serio”, proponiendo un debate público para lograr “el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, quizá olvidando que ese diseño y funcionamiento del Alto Tribunal ya está fijado en la Constitución Nacional en sus arts. 108, 111, 113, 116 y 117; e incluso ignorando que el art. 109 del mismo texto dispone que “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”; temas todos estos que el docente de la UBA debería conocer sobradamente. A ello se sumó el viceministro de Justicia Mena quien sin sonrojarse apoyó la marcha organizada por el kirchnerismo y soltó frases para la antología del absurdo, tales como que “estamos llegando a límites de hartazgo que se creían que no podían ser superados, pero el gobierno de Mauricio Macri los superó”; agregando que “toda expresión popular directa de la gente la avalo y me parece sano y necesario” ya que “el pueblo se tiene que hacer sentir directamente”. En una auténtica república, los dichos de este ex espía hubieran generado su inmediata expulsión del cargo cosa que no ha ocurrido ni ocurrirá precisamente porque no somos una auténtica república, donde un dirigente social y ex funcionario kirchnerista como D’Elía, condenado a prisión no por su militancia sino por asaltar una comisaría, osó decir que “el final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable”, lo que ya en su momento igualmente propiciara la dulce Bonafini, madrasta espiritual de los parricidas Schoklender. Tampoco cabe olvidar la fugaz visita en tono bélico del ex pinche de Tribunales y que hoy funge como Ministro de Justicia, Martín Soria, a la Corte y a cuyo fin, lejos de intimidarse, sus miembros emitieron un fallo relevante contra el gobierno.

4° La idea del kirchnerismo es, pues, poder manipular al Poder Judicial a su antojo con lo cual nuestra forma de gobierno se convertiría -si ya no lo es- en lo que Guillermo O’Donnell denomina una democracia delegativa basada en la premisa “de que quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existente y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña, ¿o acaso el presidente no ha sido autorizado para gobernar como él (o ella) estime conveniente? A fin de mantener esa figura paternal su base política no reposa en los partidos políticos sino en un movimiento, y por ende, otras instituciones como el poder legislativo o el judicial no representan sino estorbos en su gestión, en tanto que la rendición de cuentas acerca de ella no es más que un obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada. Y así, a través de elecciones legítimas se procura conformar una mayoría que faculte al elegido, durante un periodo determinado, a erigirse en la encarnación y el intérprete de los interesas de la nación toda. Revistiendo ese carácter individualista, se espera que los votantes, más allá de sus afiliaciones y preferencias, elijan al sujeto más conveniente para dirigir el país, con lo cual “después de la elección, los votantes (quienes delegan) deben convertirse en una audiencia pasiva, pero que vitoree lo que el presidente haga”.

En la misma sintonía, Loewenstein habla de neo presidencialismo sistema en el cual, a través de distintas instituciones, el jefe de gobierno o presidente, es superior en poder político a todos los otros detentadores del mismo, resultando así que a ningún otro órgano le sea permitido ascender a la categoría de un real y auténtico detentador del poder y en condiciones de competir con el monopolio ejercido por el presidente. De esta forma, este tipo de gobierno es esencialmente autoritario, no obstante lo cual, para revestir su fachada de legalidad, “no prescinde en absoluto de un parlamento, gabinete y de tribunales formalmente independientes; sin embargo, estas instituciones están estrictamente sometidas al Jefe del Estado en la jerarquía de la conformación del poder; la diferencia entre este tipo de gobierno y el totalitarismo yace en la ausencia o en la falta de relevancia de una ideología estatal dominante”

Siendo así, es evidente que el sistema republicano ideado por los Padres Fundadores ha sido totalmente subvertido a través del populismo demagógico imperante y por tanto no es posible naturalizar esta afrenta a dicho sistema cuando quienes la ejecutan no son solo personajes periféricos de la progresía vernácula -los D’Elía; los Valdés o las Bonafini de la vida- sino el mismo presidente de la Nación y su viceministro de Justicia, apoyando una marcha para desplazar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes sólo pueden ser removidos de sus cargos mediante juicio político con dos tercios de votos de ambas cámaras (arts. 53, 59 y 60 C.N) -misión imposible- tarea en la cual el peronismo tiene el mérito de haber sido el único gobierno constitucional en vaciar en dos ocasiones la Corte durante las gestiones de Perón y Kirchner. Una cosa son las bravatas de matones de guardería que, como tales, así deben tomarse y otra muy diferente es cuando el propio gobierno organiza, promueve y apoya la expulsión de los integrantes del máximo tribunal del país, justamente el que ejerce el control de constitucionalidad, es decir, la potestad para revisar las leyes del Congreso y los decretos del Ejecutivo, cuando esas normas resulten violatoria de derechos y garantías a fin de mantener el principio de supremacía enunciado en el art. 31 de la C.N. Alguna vez escuché ciertas voces anunciando que “la Patria está en peligro” cuando no lo estaba. Quisiera volver a escuchar esa frase ahora que sí lo está.